La justicia porteña confirmó una multa de 30.000 pesos impuesta por la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a una empresa que brinda servicios de transporte de mercadería, por no haber informado debidamente al cliente que un sofá cama adquirido a una mueblería, no sería ingresado al domicilio, en el tercer piso de un edificio. En la sentencia se sostiene que el consumidor no recibió información adecuada sobre las condiciones del servicio, “las que por otra parte no eran de lógica deducción”.

En el marco de la demanda de justicia iniciada por la Asociación Civil Mujeres en Igualdad y por el ex legislador porteño Facundo Di Filippo [Partido Social de la Ciudad de Buenos Aires], para que las marcas de ropa garanticen en la Capital Federal una oferta de talles no discriminatoria, la jueza Andrea Danas dispuso medidas a fin de dar a conocer ante la sociedad la existencia de la acción de amparo y así permitir que todas aquellas personas interesadas en el tema puedan presentarse en el expediente.

La justicia porteña confirmó una sentencia en la cual se ordenó al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires brindar información relativa al convenio suscripto con la Asociación Civil Casa Amarilla vinculado al proceso de adjudicación de viviendas en el complejo habitacional del barrio de La Boca. De acuerdo a lo resuelto, se deberá informar sobre cómo se prevé cumplir con el cupo establecido en la Ley 624 (asignación en comodato a personas mayores de 65 años del 50 por ciento de las viviendas en planta baja o primer piso), y la fecha de entrega de viviendas.

El proyecto de ley fue girado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad a la Legislatura y prevé el funcionamiento de tribunales en cada una de las comunas, compuesto por tres jueces. 

La medida dictada cautelarmente por la justicia porteña, se enmarca en un amparo de carácter colectivo iniciado por un ciudadano de la Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires contra el Gobierno local, a fin de que se ordene la restitución de las partidas recortadas para la aprobación del presupuesto 2015 del Hospital de Pediatría “Dr. Juan Pedro Garrahan”. En la resolución se ordena la restitución de más de 300 millones de pesos, para evitar perjuicios en el normal funcionamiento del nosocomio, lo que afectaría el derecho a la salud de los menores. Por tratarse de un amparo colectivo, también se dispuso la difusión de la acción para el conocimiento de aquellas personas que pudieran tener interés en el litigio.

La Cámara de Apelaciones porteña resolvió confirmar la resolución de primera instancia en la cual no se concedió una medida cautelar solicitada por un vecino del barrio de San Telmo, quien inició el amparo contra el Gobierno de la Ciudad por entender que la instalación de un estacionamiento del Sistema de Transporte Público en Bicicletas frente a su comercio, perjudicaba a a su propiedad y afectaba el casco histórico. En la sentencia se sostiene que no se advertiría cómo podría verse afectada la actividad comercial que desarrolla el demandante,y que no se perjudicaría la estética del lugar ni la funcionalidad de la acera.

Mediante una sentencia, la justicia suspendió el decreto 251/2014 de organización de las comunas que dictó el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, en la causa judicial interpuesta por comuneros de Proyecto Sur de 14 Comunas, con el apoyo del Bloque Verde Alameda y el patrocinio letrado del Dr. Jonatan Baldiviezo.

Vecinos integrantes del Movimiento Comunero presentaron una denuncia penal contra los 15 Presidentes de las juntas comunales por no publicar las resoluciones comunales desde hace 15 meses.

El despacho de Martín Fresnera, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, es austero. Forma parte del espacio destinado a la memoria, en el edificio en el que funcionó la ESMA. Lo que podría ser un dato irrelevante, en su caso se convierte en un dato político insoslayable. Martín Fresneda, el “Ñato, es hijo de desaparecidos, busca a un hermano o hermana apropiado y su abuela, Otilia Argañaraz, fue dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo hasta su muerte.

La Cámara de Apelaciones de la justicia porteña suspendió el decreto 376/11 que dió origen a la Unidades de Atrención Ciudadana (UAC), que dependían de la Subsecretaría de Atención Ciudadana. De esta forma las juntas comunales se harán cargo de las competencias que le habían sido delegadas a estas unidades. El amparo fue presentado por vecinos de la Comuna 15.

Estrategias de defensa que no descalifiquen a las mujeres víctimas de violencia, aportes para lograr litigios judiciales con enfoque de género y programas especiales para asistir a quienes están presas son parte de las acciones que impulsa "para lograr el cambio cultural", sostuvo la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez.