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Se aprobó el traspaso de los subtes a la ciudad

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La transferencia de los subtes a la Ciudad sufrió varios vaivenes a lo largo del año, desde la firma del acta acuerdo en el umbral de 2012, pasando por el aumento de la tarifa y la suspensión del traspaso, hasta su  proyecto de ley finalmente modificado y aprobado.

 

En diálogo con Télam, el Jefe del gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, expresó su convencimiento “de que un subte manejado por la Ciudad va a estar mejor gestionado”.

“Confiamos en la buena fe del gobierno nacional y nos defraudó”, señaló Larreta al consultarle una reflexión en perspectiva del año que pasó, y remarcó que desde la Ciudad “no” están arrepentidos por la estrategia llevada a cabo para el traspaso.

El 31 de diciembre de 2011, Macri se reunió con el ministro de Planificación, Julio De Vido, y firmaron un Acta Acuerdo de transferencia de los servicios del transporte del subte y el Premetro, tras una serie de reuniones que venían manteniendo cuadros técnicos.

En ese acuerdo, Macri y De Vido convinieron: “La Ciudad ratifica la decisión de aceptar la transferencia de la concesión (…) y asume el control y fiscalización del contrato de concesión en su totalidad, como así también, el ejercicio de la potestad de fijar las tarifas”.

Además, el gobierno nacional se comprometió al pago del 50% de los subsidios (360 millones de pesos) en el término de 12 meses, los cuales en su totalidad con el correr del año fueron depositados en el Banco Nación.

En el convenio quedó asentado que “dentro de los 90 días corridos” ambos gobiernos resolvieran “los actos jurídicos que sean necesarios suscribir para la formalización de las demás cuestiones legales, económicas y administrativas”, lo que remite a la aprobación de la Legislatura porteña del proyecto de traspaso.

A los pocos días, la Ciudad anunció una suba de la tarifa de $1,10 a $2,50, lo que representó un incremento súbito del 125% a partir del 6 de enero.

Sin embargo, el 29 de febrero, Macri anunció su decisión de “suspender” el trabajo de la comisión mixta entre la Ciudad y la Nación que avanzaría en la formalización de la transferencia y dispuso unilateralmente que el Gobierno volvía a tener la potestad de fijar la tarifa del servicio.

Macri justificó su decisión por el anuncio del Ministerio de Seguridad de reubicar a efectivos de la Policía Federal que custodiaban el subterráneo y llevarlos a estaciones de tren por el programa “Tren Alerta”, y dijo que “nunca la Policía Metropolitana puede hacerse cargo de reemplazar a la Policía Federal".

Ante ese panorama, la UTA llamó a un paro de sus trabajadores (no así los Metrodelegados) y el 1 de marzo los subtes no funcionaron, provocando un colosal caos de tránsito.

En esa jornada, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al inaugurar las sesiones ordinarias, ordenó que efectivos de la Policía Federal sean mantenidos en las estaciones de subte para su custodia, aunque ello no hizo que la Ciudad dé marcha atrás con la suspensión.

A mediados de año, cuadros técnicos de ambas jurisdicciones retomaron el diálogo y la Nación impulsó la creación de un ente metropolitano de transporte que incluya a la provincia de Buenos Aires.

El 27 de agosto, se reunieron en la Casa Rosada el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, el jefe de gabinete bonaerense, Alberto Pérez y la vicejefa del gobierno porteño, María Eugenia Vidal, con el fin de armar la Agencia de Transporte Metropolitano, y allí la funcionaria reiteró su exigencia por “inversiones pendientes” de parte de la Nación.

Finalmente, el 13 de noviembre, Macri sorprendió anunciando que se iba finalmente a “hacer cargo (del subte) por los usuarios, porque sino todo lo que vendrá será peor”, y envió a las pocas semanas un proyecto a la Legislatura para que apruebe la transferencia de la concesión con un aumento de impuestos para mantener los subsidios actuales de la tarifa.

El proyecto levantó ampollas en la oposición porteña y los Metrodelegados por buscar declarar al subte un “servicio público esencial” para restringir el derecho a huelga, obligar a un 60% de servicio mínimo durante los paros, penalizar la “interferencia” de la circulación de las formaciones y un aumento de impuestos a las naftas.

Tras una áspera negociación, esos artículos del proyecto macrista fueron removidos y los impuestos incrementados serán los peajes, patentes de vehículos de alta gama y sellos, por lo cual el subterráneo, por primera vez desde su creación en 1913, será gestionado por la propia administración porteña.

Télam