Una organización ecologista denuncia que la Ciudad incumple un fallo judicial que ordena suspender podas y extracciones
Basta de Mutilar Nuestros Árboles cargó contra la gestión porteña.
Uno de las grandes controversias en la Ciudad de Buenos Aires es el de la poda de árboles. Mientras un gran grupo de vecinos pide que se les retire los ejemplares cuyas raíces o copas afectan a sus viviendas o balcones, otros tantos sostienen que la práctica se hace de manera indiscriminada, cometiendo un "ecocidio" al destruir especies arbóreas de largos años de vida.
La cuestión resurgió a comienzos de este año, tras una denuncia de la organización "Basta de Mutilar Nuestros árboles". La misma asegura que el Gobierno de la Ciudad incumple un fallo que ordenaba suspender podas y extracciones de árboles hasta que no se cumpla con lo dispuesto por la Ley 3263. La normativa en cuestión, firmada por el juez Guillermo Scheibler, fue ratificada en septiembre de 2021 por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario. El texto insta, además del freno a la poda, a que haya un acceso total de la ciudadanía a los datos sobre arbolado, algo que para el mencionado grupo ecologista tampoco se cumple.
Como informó este periódico, la denuncia original data de 2017 y fue realizada por una vecina de la Comuna 12. Se trata de Claudia Heras, quien presentó en ese entonces un recurso de amparo planteando que el Gobierno porteño no cumplía con la Ley de Arbolado Publico Urbano N° 3.263, al realizar podas y extracciones de árboles. En su fallo, Scheibler validó este reclamo, y por eso fijó tres artículos claves para regular la práctica en el ámbito porteño. En el artículo 10, la norma indica que, previo a cada intervención en el arbolado público, la Autoridad de Aplicación deberá realizar una evaluación técnica de los ejemplares a afectar y consignar el tratamiento o procedimiento adecuado para la resolución del mismo.
Por su parte, el Artículo 11 dice que el personal afectado a las tareas de evaluación técnica, plantación, poda, trasplante o tala, o cualquier otra intervención sobre el arbolado público, deberá estar habilitado para la realización de las mismas mediante capacitaciones y evaluaciones sobre cada labor. Y en el 12, se indica que la Autoridad de Aplicación instrumentará las medidas a fin de certificar la capacidad del personal para la evaluación técnica de los árboles.
Una de las voces más firmes para poner el ojo en el incumplimiento de la norma fue la de María Angélica Di Giacomo, fundadora de la organización Basta de Mutilar Nuestros Árboles. "Según la sentencia, el Gobierno no estaría autorizado a tocar un árbol hasta no cumplir lo que dijo el juez: que la información sea accesible a la comunidad", aclaró. La especialista, en tanto, precisó que esto "no sólo implica saber cuántos fresnos hay y demás, sino qué van a hacer con cada ejemplar y por qué. Deberían tener informes sobre cada árbol por talar, extraer, podar, fotos de antes y después". "Todo eso debería estar y no está", cuestionó.
Según Di Giacomo, el Gobierno de la Ciudad utiliza una excusa falsa para mantener las podas pese al fallo adverso. "Inventaron el despeje por luminarias, porque las colocaron sin tener en cuenta el arbolado. Nos dicen que ahorramos con la luz led, pero tenemos que pagar cada poda por luminarias", refutó. Previamente, Basta de Mutilar Nuestros Árboles había informado que del total del presupuesto que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta asigna al arbolado, solo el 5% va para plantación y nada para mantener lo plantado".