Se hizo lugar a un amparo colectivo y dispuso que los testeos  sean cada semana y mediante reactivo PCR. 

El Gobierno Nacional decidió retomar el trámite administrativo para rematar inmuebles decomisados por el juez Claudio Bonadío en la causa que investiga maniobras de lavado. 

La iniciativa judicial  es promovida por la Legisladora del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, con el objetivo que la justicia dicte una medida cautelar autónoma que ordene al Gobierno de la Ciudad a garantizar este servicio.

Con fecha 12 de diciembre de 2019, la Sala I de la Cámara en lo CAyT, en la causa judicial caratulada "SERRES, LUIS ALBERTO Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE - AMPARO - OTROS", Expte. N° 1899-2018/0, ratificó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la acción de amparo y declaró la nulidad de la resolución 813/SSCS/18, que perjudicaba a los medios vecinales.

Así lo dispuso la Dra. Elena Liberatori, Jueza del Juzgado de 1° en lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad.

Ante la presentación del Consejo Directivo de la Capital Federal de la Asociación de Trabajadores del Estado, de una acción de incidencia colectiva en el que se cuestiona el traspaso de la Nación a la Ciudad de los programas y dispositivos de intervención con adolescentes infractores de la ley penal, la justicia porteña ordenó la difusión de la existencia de dicha causa, su objeto y estado procesal, para el conocimiento de todas aquellas personas que tengan un interés jurídico relevante en integrar el proceso, ya sea como parte actora o como demandada.

El Presidente de la Nación, Mauricio Macri, realizó el traspaso de la justicia penal ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires. El acto, se llevó a cabo en el salón blanco de la Casa Rosada y contó con la presencia del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y autoridades de la Nación, la Ciudad  y del ámbito de la justicia.

La justicia porteña confirmó una sentencia en la cual se ordenó al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires brindar información relativa al convenio suscripto con la Asociación Civil Casa Amarilla vinculado al proceso de adjudicación de viviendas en el complejo habitacional del barrio de La Boca. De acuerdo a lo resuelto, se deberá informar sobre cómo se prevé cumplir con el cupo establecido en la Ley 624 (asignación en comodato a personas mayores de 65 años del 50 por ciento de las viviendas en planta baja o primer piso), y la fecha de entrega de viviendas.

El proyecto de ley fue girado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad a la Legislatura y prevé el funcionamiento de tribunales en cada una de las comunas, compuesto por tres jueces. 

La Cámara de Apelaciones porteña resolvió confirmar la resolución de primera instancia en la cual no se concedió una medida cautelar solicitada por un vecino del barrio de San Telmo, quien inició el amparo contra el Gobierno de la Ciudad por entender que la instalación de un estacionamiento del Sistema de Transporte Público en Bicicletas frente a su comercio, perjudicaba a a su propiedad y afectaba el casco histórico. En la sentencia se sostiene que no se advertiría cómo podría verse afectada la actividad comercial que desarrolla el demandante,y que no se perjudicaría la estética del lugar ni la funcionalidad de la acera.

Vecinos integrantes del Movimiento Comunero presentaron una denuncia penal contra los 15 Presidentes de las juntas comunales por no publicar las resoluciones comunales desde hace 15 meses.

La Cámara de Apelaciones de la justicia porteña suspendió el decreto 376/11 que dió origen a la Unidades de Atrención Ciudadana (UAC), que dependían de la Subsecretaría de Atención Ciudadana. De esta forma las juntas comunales se harán cargo de las competencias que le habían sido delegadas a estas unidades. El amparo fue presentado por vecinos de la Comuna 15.